El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue interrogado por más de cuatro horas en la Fiscalía General de la Nación, que le investiga por un caso de presunta corrupción en su Gobierno.
El mandatario es acusado de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
Se trata de la investigación sobre el consorcio "Puente Tarata III", que busca determinar si el exministro de Transporte, Juan Silva; el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; seis legisladores y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas a empresarios que colaboraron con su campaña electoral del año pasado.
Cuatro de los investigados están prófugos, tras dictarse una orden de captura en su contra. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.000 por su detención.
Castillo, fuertemente escoltado por agentes de seguridad, caminó ocho cuadras desde la sede del palacio de Gobierno hasta la Fiscalía, mientras saludaba a parte de sus simpatizantes. No obstante, también había decenas de opositores que gritaban consignas en su contra.
El presidente prometió “dar la cara” ante la investigación que le sigue el Ministerio Público.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dominada por la oposición, acordó citar al mandatario para que comparezca ante la instancia parlamentaria el 21 de junio por el mismo caso que indaga la Fiscalía.
Castillo es el primer jefe de Estado en funciones en acudir a responder a la Fiscalía en calidad de investigado por presuntos actos de corrupción.
“Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy. En una situación de parte de la Fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se esclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo”, expresó el mandatario.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no impide avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la Fiscalía General de la Nación. Castillo finaliza su mandato el 28 de julio de 2026.
