México es escenario de nuevas manifestaciones, esta vez por parte de representantes de comunidades indígenas y grupos estudiantiles, que protestan contra la militarización.
El miércoles los grupos marcharon en la capital mexicana, para exigir un alto a lo que ellos llaman “la guerra capitalista y patriarcal", hacia los pueblos de
México y el mundo.
La multitudinaria manifestación, inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo capitalino, donde rechazaron principalmente la estrategia de reforma del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de mantener hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en las calles.
Para estas organizaciones, la presencia de fuerzas militares en las calles es una medida de amedrentamiento contra la población.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México aprobó, con 28 votos a favor y 10 en contra, el dictamen de la reforma militar enviada por el Senado, para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028.
Aunque la marcha fue convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), también participaron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
"Alto a la guerra capitalista y patriarcal hacia el pueblo de México, los pueblos originarios y los pueblos zapatistas. Contra la militarización del país. ¡Otro mundo es posible!", se leía en la pancarta que encabezó la movilización.
De igual manera, otros carteles apuntaron mensajes como "Alto a la guerra contra el EZLN", "Fuera paramilitares de territorio zapatista" y "Contra la guerra capitalista en México y en el mundo".
Preocupación internacional
Amnistía Internacional (AI) y decenas de organizaciones, enviaron una carta a los Gobiernos de Estados Unidos y México para expresar su preocupación por el despliegue militar en territorio mexicano.
Más de la reforma militar
La reforma contempla las modificaciones de los senadores del Congreso, que consisten básicamente en una evaluación semestral qué hará el ente a las labores de los militares, además de dotar de un presupuesto justo para adiestramiento y equipo de las policías estatales y municipales.
La reforma constitucional, que prolonga la presencia militar en tareas de seguridad pública en el país, fue enviada ya a los Congresos de los estados para su aprobación, en al menos 17 de ellos, y posteriormente remitirla al Ejecutivo federal para su promulgación.
