El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, por el caso denominado “Golpe de Estado II”, referido a “los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”.
Puntualmente, se le imputa por la auto proclamación el 12 de noviembre de 2019, primero como presidenta del Senado y luego, como presidenta del Estado. El fallo, llega tres meses después de haberse iniciado el juicio y 15 meses después de que Áñez fuera encarcelada preventivamente.
La semana anterior, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció que solicitarían al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para Áñez y los ex jefes militares Flavio Arce San Martín y Jorge Pastor Mendieta.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz escuchó los alegatos finales de defensa de los tres acusados con detención preventiva: Jeanine Añez y dos ex Jefes Militares.
Entre las irregularidades citadas por la Fiscalía, estuvo el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia.
También, se estableció que ante la forzada renuncia de Evo Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del Movimiento al Socialismo (MAS), puesto que era el partido que tenía el mayor número de escaños, y no el bloque opositor del que Jeanine Áñez formaba parte.
La exsenadora y expresidenta de facto ratificó su inocencia: “no moví un dedo para llegar a la presidencia. Pero hice lo que tenía que hacer”. Aseguró que “lo volvería a hacer” si tuviera la oportunidad.
Señaló que el Tribunal “excluyó” pruebas que descartaban el derrocamiento del ex presidente Evo Morales en 2019 y que se equipo legal apelaría el fallo condenatorio: “no nos quedaremos acá, iremos a la justicia internacional”.
Jeanine Áñez también enfrenta el caso “Golpe de Estado I”, que contempla cargos de terrorismo, sedición y conspiración por la violencia surgida luego de que Evo Morales fuera forzado a renunciar.
Al asumir el poder en 2019, la expresidenta reprimió las manifestaciones de movimientos sociales y de campesinos afines a Evo Morales. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en los primeros meses de su gobierno hubo 35 fallecidos en manifestaciones.
La acusada tosía constantemente y alegó que las largas jornadas del proceso quebrantaron nuevamente su estado de salud.
