Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que sujetos armados, dispararon a mansalva contra un grupo de personas que se encontraban fuera de una vivienda en el municipio La Unión de Valle Del Cauca, Colombia, como informó el El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La organización señaló que se trata de la masacre número 57 de este año ocurrida en el país latinoaméricano, acciones armadas que hasta la fecha han cobrado la vida de 205 personas, si se suma un ataque posterior ocurrido también el domingo en el departamento de Nariño, que dejó 3 víctimas fatales.
William Palomino, alcalde del lugar, confirmó la noticia,y resaltó que autoridades locales se encuentran trabajando para dar con los responsables, que serían cuatro hombres que llegaron armados a la residencia, ubicada en barrio Ciudadela Grajales. El hecho ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana, hora local.
Ya la Defensoría del Pueblo había señalado que en la zona actuaban estos grupos y que habrían intimidado a habitantes de la población. Se cree que la acción tenga que ver con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, que podrían involucrar a funcionarios públicos.
Petro promueve Paz Total
Esta masacre ocurrió a sólo siete días de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de aplicar medidas verdaderamente efectivas para acabar con la violencia.
El plan del presidente, denominado “Paz Total”, busca, en primer lugar, un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones rebeldes, unión de los poderes públicos con el mismo objetivo, repotenciación de las fuerzas policiales y sus integrantes, entre otros puntos.
De todo el ambicioso proyecto, es el quinto punto el que va dirigido a frenar las masacres en el territorio. En este enunciado se propone “el sometimiento de grupos que han sucedido al negocio del narcotráfico y que son herederos del paramilitarismo”.
Para ello se plantea la creación de una jurisprudencia que facilite el desmantelamiento de organizaciones como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a quienes se les atribuye la mayoría de los asesinatos colectivos.
