En noviembre de 2015, Fausia (nombre ficticio) fue atacada por dos hombres mientras buscaba agua en un río. La golpearon, la amenazaron con un cuchillo y uno de ellos la violó, dejándola embarazada. Ocho años después, sentada en el jardín del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en Tegucigalpa, Fausia cuenta su historia a la AFP, tras denunciar en marzo a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por prohibirle abortar.
Una represalia violenta
Fausia es hija de un cacique del pueblo nahua y defensora de los derechos territoriales. Fue agredida por hombres cuya familia usurpó la tierra de su padre. «Fue una represalia», asegura esta indígena de 34 años. Tras el ataque, le advirtieron que matarían a su familia si denunciaba la violación.
El viacrucis legal y emocional
Un mes después del ataque, Fausia venció el miedo y denunció a los agresores. Su salud comenzó a deteriorarse y, al descubrir que estaba embarazada, sintió un profundo rechazo.
«Fue un choque psicológico, emocional. Era algo que yo no había planificado o deseado», relata. Los médicos la amenazaron con denunciarla si intentaba abortar, un acto castigado con hasta 10 años de cárcel en Honduras.
Prohibición total del aborto en Honduras
Honduras es uno de los seis países del continente donde el aborto está completamente prohibido, incluso en casos de malformación del feto, violación sexual o peligro para la vida de la mujer. Fausia tenía dos hijos y una pareja, pero las amenazas la obligaron a mudarse repetidamente y a emigrar a la ciudad.
Maternidad forzada y trauma persistente
El parto de Fausia fue extremadamente doloroso. «Me obligaron a amamantar y a que la besara (a la bebé) y yo no lo quería hacer», cuenta.
Intentó suicidarse debido al rechazo y el sufrimiento, pero su hijo lo impidió. En 2017, logró que detuvieran a sus agresores, pero fueron liberados pocos meses después. La justicia, finalmente, los declaró culpables, pero la sentencia aún admite recursos de apelación.
Lucha por la justicia y derechos reproductivos
Con la ayuda del CDM y del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Fausia relanzó su caso en 2018. Ahora busca justicia y reparaciones, y pide al comité de derechos humanos de la ONU que exija a Honduras acabar con la prohibición del aborto.
Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del CDR, destaca que el caso de Fausia podría tener un gran impacto en América Latina al sentar jurisprudencia.
La Marea Verde
El aborto es legal en Argentina, México, Colombia, Uruguay y Cuba. «La marea verde seguirá creciendo», afirma Martínez, refiriéndose al color que simboliza la lucha por el derecho al aborto.
Con un pañuelo verde en la mano, Fausia es consciente del reto de cambiar la prohibición del aborto en Honduras. «La justicia tardía en mi país me obliga a acudir a una instancia internacional (…) para que ninguna otra mujer en Honduras se enfrente a lo que yo pasé», concluye.
