Al menos dos niñas indígenas han sido víctimas de mutilación genital femenina en lo que va del año en Bogotá, Colombia. Una de ellas tiene 13 años y la otra apenas 23 días de vida al momento de sufrir la práctica.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la capital colombiana, ambos casos fueron reportados debido a complicaciones médicas y tuvieron que ser asistidas de urgencia en centros de salud por riesgos de anemia e incluso muerte.
La entidad estima que en 2023 hubo 90 casos en Colombia, el único país de América Latina donde se practica la ablación. Activistas embera, como Arelis Cortés, lamentan el “enorme subregistro” y la pasividad del Gobierno: “Es una deuda del país con las niñas indígenas”.
“Es una violencia extrema que se hace por temas aparentemente culturales, pero que tenemos que trabajar fuertemente en el país”, explicó Gerson Bermont, secretario de Salud distrital de Bogotá, en una rueda de prensa.
“Aquí se están violentando unos derechos humanos mayores que cualquier componente cultural, y que están poniendo en peligro la vida de estas niñas. Es una práctica que Colombia tiene que erradicar”, añadió Bermont, sin detallar dónde se produjeron los casos ni qué complicaciones encontraron.
Una tradición cuestionada
A pesar de que algunas mujeres emberas consideran esta práctica como parte de una tradición y sienten que tienen el derecho de continuar con ella, Arelis Cortés, enfermera, lideresa y docente, ha trabajado desde 2015 informando a las familias sobre las consecuencias de esta práctica.
«Cogimos esa tradición durante la colonización, como consecuencia del compartir con los hermanos afro que llegaron con la esclavitud. Pero es algo muy ajeno a nosotros. Es una práctica nociva, no es cultura. ¿Cómo va a ser cultura atentar contra la vida o salud de nuestras niñas?», cuestiona.
Cortés y otras tres compañeras han llevado esta información a más de 8.000 personas en casi una década de trabajo. “Fue complejo en su momento. Muchas de las mujeres son sumisas a lo que digan los maridos. Además, para los indígenas hablar de genitales es muy tabú. Pero es un trabajo de a poco”.
Consecuencias devastadoras
La mutilación genital femenina implica la lesión o amputación de los genitales femeninos sin ninguna razón médica, generalmente extirpando el clítoris.
Este procedimiento, concentrado en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio, también se practica en Colombia entre la comunidad indígena embera y algunos pueblos afrodescendientes.
Se realiza con una cuchilla o incluso las uñas, y sin supervisión médica. Diariamente, cerca de 15.000 mujeres y niñas son víctimas de esta práctica en todo el mundo, sufriendo lesiones físicas y psicológicas permanentes.
Las consecuencias son terribles: dolores crónicos, sangrados, ansiedad, depresión, mayor riesgo de transmisión de VIH, infertilidad e incluso muerte. La ONU estima que tratar las complicaciones de salud derivadas de esta práctica cuesta a los sistemas de salud 1.400 millones de dólares al año.
La lucha por la educación
Cortés enfatiza la importancia de nombrar el dolor, la infertilidad y la depresión para hacer reflexionar a las familias. “Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos”, explica.
Sin embargo, muchas mujeres no reciben formación médica debido a la discriminación en los centros de salud. “La falta de educación lleva a la ignorancia y a seguir perpetuando estas dinámicas”.
“Nada sobre las comunidades sin las comunidades”
A pesar de las peticiones de feministas, no existe ningún proyecto de ley en Colombia para prohibir la práctica y erradicarla. Los únicos avances han sido añadir la ablación como agravante en el delito de feminicidio y algunas sentencias que la condenan como violencia intrafamiliar.
Leandra Becerra, consultora de Equality Now, destaca que estos procesos deben ser liderados por las propias activistas locales.
“No deberíamos tener un sesgo o recriminación hacia los pueblos indígenas como si ellos fueran los únicos con prácticas patriarcales. Hay muchos discursos racistas alrededor de este tema”, explica. La clave, según Becerra, es “nada sobre las comunidades sin las comunidades”. Colombia debería comprometerse a erradicar la ablación para 2030, lo cual requiere generar más datos fiables y financiar a lideresas como Cortés.
Cortés lamenta los “señalamientos” externos a las comunidades. “La institucionalidad tiene que entender que a los pueblos originarios se les discrimina por ser indígenas, por no hablar el idioma bien, por las costumbres. Dentro de esta nación hay otro mundo diferente. El racismo lleva a que muchas mujeres no asistan al sistema de salud ni se informen. Necesitamos que el Estado llegue a los territorios, no solo que se las critique”.
Con información de El País
