La confirmación de que Estados Unidos permitirá a empresas petroleras norteamericanas y europeas reiniciar operaciones en Venezuela, fue bienvenida en la nación suramericana.
Han pasado 8 años desde el inicio del bloqueo contra ese país, firmado en principio por el ex presidente Barack Obama con el decreto con el que declaró a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria” para los intereses de EEUU. Ese fue el basamento legal para que se emitieran hasta la fecha unos 502 instrumentos legales que conforman el conjunto de “medidas coercitivas”, así lo denomina el Gobierno venezolano, para forzar un cambio de régimen.
La mayoría de estas sanciones, están dirigidas a impedir la comercialización del petróleo venezolano, así como a bloquear cualquier operación financiera de la estatal Pdvsa fuera de sus fronteras. Según la ONG venezolana Sures, se han aplicado este tipo de medidas contra 63 buques “la mayoría encargados del transporte de hidrocarburos y gasolina desde y hasta Venezuela”.
Dado que la economía venezolana dependía casi exclusivamente de su industria petrolera, el impacto ha sido “criminal”, pues cuando la República no pudo acceder a su principal fuente de ingresos, se redujo significativamente la calidad de vida de los venezolanos e incluso, favoreció la muerte de muchos de ellos al no poder adquirir de manera oportuna medicamentos o alimentación.
Sobre el tema, el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, habló de unas 40 mil muertes como consecuencia directa de esta situación. Hiperinflación, desabastecimiento y desempleo, así como retroceso salarial y en otras conquistas sociales, fueron algunas de las heridas de guerra de los últimos 8 años.
Respecto al impacto en la industria petrolera, Venezuela llegó a rozar el mínimo histórico de producción de crudo cuando produjo 350 mil barriles por día en 2020. A través de alianzas con Irán, así como iniciativas de los trabajadores para sustituir la importación de refacciones para las refinerías, actualmente se acerca a los 800 mil BPD.
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, dijo a La Mosca que, de concretarse la negociación con las petroleras europeas y estadounidenses, para el último trimestre de 2022, el país podría alcanzar los 2mm BPD.
Rodríguez reseña que, entre otras acciones, el bloqueo contra el petróleo venezolano incluyó la imposibilidad de acceder a los seguros para el transporte de crudo,” el cierre de puertos donde los barcos venezolanos no podían depositar su crudo y todas las acciones que imposibilitaron las transacciones regulares que se hacen con crudo refinado, todo eso se paralizó con las sanciones”, dijo y agregó como elemento de peso, “el robo de Citgo”.
Refiere que esta decisión del Gobierno estadounidense, obedece a “la confrontación que se está presentando contra Rusia por parte de Estados Unidos, Europa y la Otan; eso está generando una crisis energética en el mundo y el hecho de que se autorice a estas empresas a negociar con Venezuela, es producto de esas circunstancias”.
El parlamentario considera que esto es una muy buena noticia para el país, pues tendrá un impacto importante en la economía nacional, que se verá reflejado principalmente en la calidad de vida de los venezolanos y en la capacidad del Estado para fortalecer la agenda social. No obstante, recalcó que Venezuela no puede volver a la cultura rentista.
La flexibilización de sanciones contra Venezuela, ha sido una solicitud a la que incluso se han sumado sectores opositores al Gobierno venezolano, conscientes del daño que generan en la población en general y la inutilidad de estos mecanismos para alcanzar objetivos políticos.
