La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la “directiva ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, y denegó al Estado venezolano el acceso a las 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra y son parte de las reservas internacionales de la nación suramericana.
La jueza determinó que no considera como válidas las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela, que declaró como nula la designación de esa junta directiva paralela del BCV, debido a que en el Reino Unido no hay base legal para hacerlo, a pesar de ser una acción ilegal la cometida por el es diputado Guaidó.
A pesar de la decisión, la jueza tampoco autorizó al equipo opositor acceder a las reservas, para ello debe realizarse otra audiencia. Lo que si dejó claro es que consideran a Guaidó como el único presidente legítimo, de forma interina, en Venezuela.
Hasta ahora el gobierno de Venezuela liderado por el presidente legítimo, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera que la defensa del BCV apele al fallo.
Este fallo se produce luego de que en diciembre de 2021 el Tribunal Supremo británico remitiera la causa al Tribunal de Comercio para que resolviera a quién debía otorgarles el acceso a las 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares.
Valiéndose de ese respaldo, Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que no le permitiera al Gobierno de Nicolás Maduro acceder a las reservas y nombró una “directiva ad hoc” del BCV para que asumiera el control de esos recursos.
En 2021 el Tribunal Supremo británico ya había decido que el Ejecutivo de Londres solo reconocía a Guaidó, y no a Maduro al frente de Venezuela, y que, por tanto, los actos y decisiones del opositor debían considerarse soberanos, en base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.
El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, valoradas en casi 2.000 millones de dólares, a un fondo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que fueran usados en la lucha contra la Covid-19 en Venezuela.
