A nueve días de irse del poder, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó un indulto que incluye a militares y policías responsables de la denominada Masacre de Carandiru.
Según el decreto presidencial, serán indultados agentes de fuerzas de seguridad, acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años, aunque ellos no resultaron condenados en definitiva en la última instancia de la Justicia.
Analistas locales manifestaron que el perdón es inconstitucional, pues ese tipo de decreto debe ser colectivo y no dirigido a un grupo de un caso específico.
Los agentes participaron el 02 de octubre de 1992, en la masacre de 111 presos ultimados para contener una rebelión en la Casa de Detención, un complejo penitenciario construido en 1920, en el barrio de Carandiru, zona norte de Sao Paulo.
La lucha entre los detenidos pronto se generalizó y se convirtió en un motín. Fue entonces que los agentes militares fueron llamados para contener el conflicto.
Tras el fracaso en un intento de negociación con los recluidos, el comando policial decidió entrar en el lugar con metralletas, fusiles y pistolas.
Media hora después de la entrada de la Policía Militar “las ametralladoras silenciaron”, contó el médico Drauzio Varela, en su libro Estación Carandiru. Ningún policía murió en la acción.
No es un dato menor que la responsabilidad por la acción policial no comenzó a ser juzgada hasta 10 años después de los hechos. En 2001, el coronel Ubiratan Guimarães, que dirigió la operación en Carandiru, fue condenado a 632 años de prisión
Su defensa recurrió la sentencia y fue revocada, siendo anulada por el Tribunal de Justicia en 2006.
Estudios forenses presentados durante el juicio concluyeron que los 111 muertos recibieron 515 balazos, de ese total 126 en la cabeza, disparos que, para organizaciones de derechos humanos, constituyen pruebas de que los detenidos fueron ejecutados de forma sumaria.
Otros cinco juicios ocurrieron entre 2013 y 2014. Por ser un proceso que involucró una gran cantidad de víctimas y acusados, el expediente fue desmembrado en cuatro partes.
El Tribunal de Justicia de Sao Paulo puede expedir órdenes de detención contra los 74 policías militares condenados a penas que van desde 48 a 624 años de prisión por el asesinato de los encarcelados.
