El austriaco Volker Türk se convirtió oficialmente este lunes, en el noveno Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al reemplazar en el cargo a la chilena Michelle Bachelet.
Asume el cargo en un contexto polémico, instando a Rusia y Ucrania. a ponerle fin al ataque con drones en contra de civiles, como primera gran declaración.
"Recibimos informes de nuestros compañeros en el lugar sobre estos ataques con drones. Es absolutamente importante que las infraestructuras civiles no sean objetivos, y es muy difícil en zonas densamente pobladas", subrayó Türk.
"Toda escalada en una guerra es muy preocupante para nosotros, y está pasando en Ucrania". Sostuvo desde el Palacio Wilson de Ginebra, sede de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El alto comisionado resaltó que se deben buscar mecanismos, en que la población civil no sea perjudicada por el conflicto bélico, en clara referencia a la información difundida por las autoridades ucranianas, sobre la muerte de al menos tres personas en ataques con drones en Kiev.
En su cuenta Twitter, Türk agradeció sentirse honrado por asumir la jefatura de derechos humanos. “Siento un profundo sentido de responsabilidad y lo daré todo para hacer avanzar las promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos, en todas partes”.
Nueva visión
Analistas del tema diplomático aseguran que Türk, de 57 años, es de perfil tecnocrático, y que difiere de la política implementada por la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien se desempeñó por cuatro años como la máxima responsable del organismo internacional
Durante su gestión, a Bachelet se le criticó por su postura al trato a los uigures en China, en este punto, el nuevo comisionado tendrá el reto de abordar el debate sobre las minorías chinas.
A principios de junio, más de 230 organizaciones de derechos humanos defendieron la renuncia de Bachelet, acusándola de "atrocidades blanqueadoras" cometidas por el gobierno del gigante asiático en la región de Xinjiang.
Esto se debe a que, tras su visita al noroeste del país habitado por los uigures, Bachelet presentó un informe de 49 páginas, refiriéndose a campos de trabajos forzados como "centros de educación y formación profesional”.
