Dirigentes políticos y sindicales expresaron su solidaridad con la dirigente social y referente de la organización social Túpac Amaru, Milagro Sala, al cumplirse siete años de su primera detención. Reunidos en Plaza de Mayo, solicitaron un pedido de libertad a través de un indulto presidencial, además de coincidir en que se trata de un caso de ‘’persecución judicial’’ que ‘’lesiona la democracia’’.
"Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad", comentó el diputado y secretario general de La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, durante un encuentro abierto entre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otros políticos del país.
Yasky también señaló que ‘’cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho y las garantías constitucionales en una provincia, le compete al presidente de la Nación’’.
Por su parte, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual argentina, Estela Díaz, advirtió que Sala estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda de sus conciudadanos, ‘’tal y como hizo siempre’’, acción que la llevó a la cárcel.
Referentes de distintos entes también hicieron escuchar su voz a través de las redes sociales en el aniversario número siete de la detención de la lideresa política.
Utilizando la etiqueta en redes sociales, ‘LibertadParaMilagro’, la diputada de ‘Frente de Todos’, Gabriela Estévez, afirmó que ‘’Milagro está presa hace 7 años. Presa por ser una dirigente mujer, negra, coya y peronista. Por no haber traicionado jamás al pueblo y por haber luchado incansablemente’’.
Detención de Sala
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar en una acampada frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, a escasas semanas del inicio de su primer mandato como gobernador de Gerardo Morales.
Si bien fue arrestada por esa acción, la detención fue revocada a los pocos días. Pero, al mismo tiempo que era excarcelada, Sala fue detenida en una causa por asociación ilícita.
En octubre de ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió su inmediata liberación por considerar arbitraria su detención, pero Sala siguió presa. Durante siete años la dirigente enfrentó más de una decena de causas judiciales, con resultados variados en cada uno de ellos.
Sala fue condenada a 13 años de prisión en enero de 2019, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Justicia al año siguiente, y en diciembre de 2020, el expediente fue enviado a la Corte Suprema.
