El primero de enero entró en vigencia una ley aprobada por el gobierno de Justin Trudeau, que prohíbe por dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes en Canadá.
La ley tiene como objeto controlar el aumento de precios de los inmuebles desde el comienzo de la pandemia, ante la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como forma de inversión.
El primer ministro ha explicado que en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores foráneos que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados. "Las casas son para las personas, no para los inversionistas", agregó.
Sin embargo, la medida no afectará a los refugiados y a los residentes permanentes en Canadá que la vayan a usar como residencia principal.
El pasado abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda.
De los 31.200 millones de dólares canadienses correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte estará destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles.
La medida temporal fue propuesta por Trudeau durante la campaña electoral de 2021, cuando el aumento de los precios puso la compra de una casa fuera del alcance de muchos canadienses.
“El atractivo de la vivienda canadiense atrae a especuladores, corporaciones ricas e inversionistas extranjeros”, declaró su Partido Liberal en su planilla electoral en ese momento.
No obstante, la Asociación Canadiense de Bienes Raíces señaló recientemente que los precios de la vivienda en Canadá han caído un 13% este año.
