Una polémica se desató en Perú tras la propuesta realizada por el gobierno, sobre impulsar una ley para sancionar con hasta 4 años de cárcel a quienes difundan información sobre procesos judiciales.
Dicha propuesta ya produjo reacciones por parte de organizaciones de prensa, que la calificaron como una manera de atentar contra la libertad de expresión.
La iniciativa propone la incorporación del artículo 409, apartado C en el Código Penal y una modificación al artículo 324 para sancionar la difusión de información reservada de una investigación penal, refirió Rusia Today.
"Garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, es parte de lo que se señala la normativa.
Si es aprobada la reforma, se establecerá que el o los responsables de difundir la información fiscal será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1, ni mayor de 2 años.
Asimismo, establece que cuando una filtración sea cometida por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena será entre 2 y 3 años.
Aunque no es un hecho, la prensa ya rechaza esta propuesta. Apenas el proyecto que lleva la firma del presidente Pedro Castillo y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres fue entregado a la presidenta del Congreso, para su tratamiento.
Los medios de comunicación y organizaciones de prensa locales advirtieron que la iniciativa podría tener por objetivo obstaculizar las investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno en diversos hechos.
De igual manera el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (IPSP), señaló que el proyecto es "inconstitucional" y "atenta contra la libertad de expresión".
De igual manera, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, y la Federación de Periodistas de Perú expresaron su rechazo a la iniciativa.
Esta propuesta no es sorpresiva para el sector de la comunidad, pues en varias ocasiones desde el Gobierno de Castillo hubo cuestionamientos a la prensa por difundir información, según ellos "malintencionada" con el objetivo de implicar a su gestión en algún acto de corrupción, sin contar con pruebas.
Redacción LMN
