Un tribunal de Madrid citó al representante legal de la aerolínea Plus Ultra para que responda sobre las presuntas irregularidades en la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas por parte del Gobierno español.
Por solicitud del partido Vox, el PP y del sindicato manos limpias, este 15 de junio el representante jurídico de la compañía aérea deberá rendir declaración para esclarecer si Plus Ultra cometió un presunto delito de malversación y prevaricación de fondos.
Según el diario español Vozpópuli, la jueza Esperanza Collazos fijó la audiencia para escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo y difirieran en las mismas.
Mientras los expertos designados por el tribunal señalan que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia al cierre de 2019, lo que le imposibilitaba optar a los fondos de rescate, el dictamen de la SEPI y de las consultoras Deloitte y DC Advisors, avalan que la compañía aérea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvo la ayuda gubernamental.
La controversia, según se pudo comprobar en los careos entre los citados peritos, es dilucidar por qué parte de las ayudas públicas concedidas se destinaron a un pago realizado a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El grupo de peritos que asesoró a la SEPI defendía ese desembolso porque la deuda con PDVSA no se había podido pagar antes por motivo del embargo y las sanciones internacionales.
Por su parte, la jueza Esperanza Collazo deberá responder a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía Provincial de Madrid que solicitaron el archivo del caso, al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo por parte de Plus Ultra al cierre de 2019.
