Las protestas convocadas en Ecuador por la comunidad indígena hace una semana, seguirán adelante a pesar de que el gobierno decretó un Estado de excepción, según lo han manifestado los líderes de las movilizaciones.
Estas protestas surgieron con el propósito de exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo, así como las consecuencias de la pandemia.
Al principio, estas protestas fueron convocadas solamente por la Confederación Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), sin embargo, ahora se le han sumado estudiantes, trabajadores y otras organizaciones sociales.
Las movilizaciones se concentraron en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, sin embargo, con los días se le han sumado la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas.
Este domingo la Fiscalía de esa nación suramericana ordenó el allanamiento de la Casa de la Cultura de la ciudad de Quito.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien estuvo detenido durante 24 horas el pasado martes, ratificó que "el paro sigue nacional, territorial e indefinido con una agenda clara de 10 temas" que le han sido planteados al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.
La Confederación anunció que solicitará a la Asamblea Nacional, que no se haga cómplice del Gobierno y derogue el decreto mediante el cual el presidente Guillermo Lasso impuso el Estado de excepción, lo cual calificaron de "acto desesperado", refirió Telesur.
Alerta de material bélico
Este fin de semana se conoció una nueva arista de las protestas. Según la Fiscalía, esa instancia recibió un llamado donde se denunciaba que, en las bodegas y subterráneos de la casa de la Cultura, un grupo de 30 personas, nacionales y extranjeros, estarían almacenando material bélico, como explosivos y armas artesanales.
Los supuestos almacenamientos serían utilizados en las manifestaciones de los próximos días, para retener a policías y militares, con el fin de ingresar a la Presidencia de la República.
Por esta razón la Fiscalía ecuatoriana ordenó el allanamiento de la Casa de la Cultura de la ciudad de Quito.
Esto fue calificado por Iza como una arbitrariedad, ante la cual denunció que se trató de un operativo hecho "con asombrosa agilidad por una llamada anónima", en la cual, en realidad, "el Gobierno allana los espacios democráticos culturales, encarcela y atenta contra líderes sociales y criminaliza el Paro Nacional".
De igual manera, el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, se pronunció y rechazó el hecho.
Destacó que en ese lugar se albergó a ciudadanos durante las manifestaciones de octubre de 2019, en un acto humanitario.
Los reclamos del grupo indígena son el control del precio del combustible, fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, garantizar el empleo y los derechos laborales, respetar los derechos colectivos, y mejorar la seguridad, entre otras.
