Un refuerzo a la Ley del Aborto, que incluye blindar el derecho de realizar el procedimiento en la salud pública, fue aprobado este martes por el gobierno español, como informó la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La reforma de la ley fue presentada por la referida funcionaria, quien destacó que además la norma incluye otros derechos de la mujer, como la eliminación del consentimiento de sus padres para abortar a jóvenes de 16 y 17 años, y luz verde a las incapacidades temporales pagadas por menstruaciones dolorosas.
Destaca una nota publicada por la agencia de noticias EFE, que la decisión de abortar de las adolescentes, ya era parte de la ley desde el año 2010, pero en 2015, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) puso como requisito el aval de los padres de las menores de edad.
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Con este nuevo cambio, que espera la aprobación del Parlamento, España se podría convertir en uno de los países más abiertos en materia de aborto, especialmente por destinar todos los recursos necesarios de la salud pública para este propósito.
Sin embargo, el proyecto mantiene la figura de “objetores de conciencia”, también expresada en la Ley de Eutanasia, en la que pueden ampararse los profesionales de salud, para negarse a poner fin a los embarazos.
Aclaró Montero, que estas personas no podrán tampoco realizar abortos en la salud privada, con el fin de evitar que la salud de las mujeres se convierta en un negocio dentro del sistema, como al parecer ya ha ocurrido.
Adicionalmente se plantea la posibilidad de repartir productos de higiene personal femenina de manera gratuita, propuesta que se ha elevado en otros países, como es el caso de México, que incluyó este enunciado en la Ley de Menstruación Digna, en vigor desde enero de este año.
Hasta el momento la reforma de la Ley del Aborto sigue siendo un proyecto que debe aprobar en los próximos meses el Parlamento, en una discusión que podría ser controversial y extendido, no sólo por parte del grupo de conservadores, sino por la inversión que requiere del Estado, por el costo de los procedimientos y porque plantea que los permisos por reglas dolorosas deben ser pagados por la Seguridad Social, desde del día uno y “por el tiempo que la mujer lo requiera”.
Este impacto presupuestario sería importante, considerando que hasta ahora en España el 84% de los abortos se realizan en el sistema privado, y con la medida podrían migrar todos al sector público.
Pionero
España es pionero en leyes que promueven procedimientos controversiales como es el caso del aborto y la eutanasia. La primera se aprobó en 1985, pero solo para el caso de violaciones, y el 5 de julio de 2010, con Título II de la Ley Orgánica 2/2010, se despenalizó completamente hasta las primeras 14 semanas. La migración total a los centros públicos sería un gran avance en la materia.
En el caso de la Ley de Eutanasia, el proyecto fue aprobado el 18 de marzo de 2021, convirtiendo a la nación ibérica en el quinto país del mundo en permitir “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte”.
Antes de España, solo Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá permitían la eutanasia, y en el caso español la limitante radica en que la persona debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”.
