Como parte de la investigación por presunta corrupción dentro del círculo presidencial en Perú, la fiscalía de ese país pedirá apoyo a Estados Unidos, para acceder a las comunicaciones entre el presidente, Pedro Castillo, y su cuñada Yenifer Paredes.
Así se dio a conocer en un artículo publicado en el diario La República, el cual señala que el fiscal Jorge García estaría tras la pista de las conversaciones a través de aplicaciones, correos electrónicos, redes sociales y mensajería, que podrían involucrar al mandatario en la supuesta red de tráfico de influencias, que ya logró la prisión preventiva de 30 meses para Paredes.
La investigación sugiere que el presidente Castillo sería el jefe de “una presunta organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas en Cajamarca”, a través de comunicaciones electrónicas, en las que ofrecían a los alcaldes, intermediación ante los ministerios para la realización de obras.
Además del apoyo tecnológico a EEUU, García habría solicitado información a los compañías telefónicas locales, para acceder al registro de llamadas de los dos señalados y la esposa del presidente, Lilia Paredes, desde el año 2019 en adelante, incluyendo la campaña electoral del 2021, periodo que considera de gran relevancia.
Defensa
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió esta semana un recurso conocido como “habeas Corpus” en favor de Paredes, en el que se pretende anular la sentencia contra la hermana de la primera dama, como señaló el abogado Marco Riveros, cuyo alegato se sustenta en la violación al derecho de “contar con un juez natural”, y presunta discriminación por razones políticas.
A la cuñada del presidente se le acusa de presunto tráfico de influencias y lavado de activos, en una investigación que alcanzó a su hermana, la esposa de Castillo, en contra de quien se solicitó la prohibición de salida del país. La audiencia se realizará el 5 de septiembre.
El mandatario peruano ha insistido en que se trata de una persecución política en su contra, y aseguró que el allanamiento que se realizó en el palacio presidencial, fue un acto “ilegal”, en el que se “vulneró” la inmunidad de su investidura.
La incursión trajo como consecuencia, que el pasado 27 de agosto, Castillo destituyera a la cúpula de la Policía Nacional (PNP), ente encargado del procedimiento, a solo dos días de que Eduardo Pachas, abogado del presidente, solicitara la apertura de un proceso disciplinario por presuntos excesos, en contra de los funcionarios.
La investigación que podría extenderse por 36 meses, involucra no solo a Yenifer Paredes, Lilia Paredes, y el presidente Castillo, sino a sobrinos y familiares de la pareja presidencial.
