Voceros de los sectores agropecuarios y de la agroindustria panameña anunciaron pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares tras las diversas protestas y huelgas en varias regiones del país que imposibilitan el libre tránsito de estos productos.
Los representantes de este sector afirmaron que el bloqueo de las principales vías, como por ejemplo, la carretera Interamericana, que atraviesa el país y lo comunica con Centroamérica, han producido desabastecimiento de ciertos rubros alimenticios así como el suministro de gasolina en las principales regiones del país, incluida Ciudad de Panamá.
En la capital del país, las grandes cadenas de supermercados, así como, abastos y tiendas experimentan una fuerte escasez de frutas y verduras. 15 gremios del sector alimenticio declararon en un comunicado que Panamá se encuentra "en una situación de emergencia alimentaria".
El documento señala que se han perdido más de 2 millones de litros de leche fresca y se han dejado de sacrificar 10.000 novillos, entre otros. Los productores y agroindustriales pidieron a los manifestantes que permitan el libre tránsito de estos productos, que son de primera necesidad para el pueblo panameño.
De igual manera instaron al Gobierno nacional y a los sindicatos y gremios que convocaron el paro a "un gran diálogo nacional, en el que se discutan y se adopten acuerdos que signifiquen iniciativas para la generación de empleos, mejoras en la calidad de la educación, de los servicios de salud, acceso a los medicamentos y apoyo a la producción nacional".
El país centroamericano experimenta una crisis política y social sin precedentes, en un movimiento que empezó desde hace más de dos semanas, que tras varias conversaciones, el Gobierno y los gremios y sindicatos acordaron una serie de medidas como el subsidio al combustible, rebajas de precios en algunos alimentos y una reducción del gasto del 10 %.
Estas medidas han sido consideradas por las bases de los gremios y sindicatos como insuficientes.
Se espera que se reactiven nuevamente las mesas de negociaciones entre representantes de la administración de Laurentino Cortizo, y de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO).
