El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, indicó este lunes que el Gobierno de Gustavo Petro, evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados irregulares del país.
"La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones", explicó Alfonso Prada, a Blu Radio.
De esta manera, explicó que los diálogos no serán iguales con cada uno de los grupos y eso dependerá de si se mueven en la economía ilegal o tienen estatus político.
Por ahora, el gobierno mantiene bajo reserva los decretos en los que se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la banda de narcotráfico conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alrededor de 15 mil combatientes de los grupos armados se acogen a la tregua.
Petro en busca de la paz
El presidente Petro anunció en la víspera de Año Nuevo, una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023.
Esa tregua tiene como objetivos avanzar en las negociaciones y diálogos que permitan poner fin al prolongado conflicto armado en Colombia.
Bajo su política de "paz total", el jefe de Estado colombiano aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica expresaron su apoyo a este cese de hostilidades.
En el mes de diciembre los voceros de la Mesa de Diálogo entre el ELN y el gobierno, informaron a través de un comunicado los avances en las conversaciones entre ambos.
En primer lugar, ratificó que Cuba, Noruega y Venezuela serían los principales países garantes de las negociaciones. También se acordó invitar a Brasil, Chile y México para decidir su participación en el proceso como países garantes, se decidieron acciones y dinámicas humanitarias, así como la inclusión de la misión de verificación de la ONU y la Iglesia.
Adicionalmente se conformó un equipo conjunto de comunicación para informar sobre el desarrollo y avance de este proceso continuamente.
