A través de un comunicado, la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), condenó enérgicamente, las recientes protestas violentas en la región de Santa Cruz, Bolivia, por lo que instó el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro indefinido en la región.
Mediante un pronunciamiento, el organismo afirmó que el derecho a la protesta no puede limitar los derechos de otras personas, especialmente de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
"La violencia, de cualquier naturaleza y de cualquier actor, no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y protesta. La pérdida de vidas, los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales, son inaceptables y no pueden repetirse", afirma el texto de la ONU.
El ente hace un llamado a todos los organismos bolivianos a que cumplan su rol en el respeto de los Derechos Humanos, así como evitar actos de racismo y discriminación. “Este sector de la población debe poder recibir atención por las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil sin restricciones. La denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente”.
La región de Santa Cruz vuelve poco a poco a la normalidad, tras 23 días de huelga, una de las mayores que ha afrontado el presidente Luis Arce en dos años de gobierno, y que ha profundizado la polarización política del país sudamericano.
Uno de los organizadores de esta huelga, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, afirmó que el transporte público y sector comercio se está normalizando en la región, sin embargo, el paro se extenderá por tres días más, hasta que se logre la liberación de varios detenidos.
La demanda de varios sectores de la oposición era la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024, como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
