Aunque el fiscal Diego Luciani, al frente de la causa que se conoce como "Vialidad", pidió en agosto 12 años de cárcel para la expresidenta Cristina Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la eventual condena, ni la enviaría a la cárcel, ni evitaría que sea candidata a las próximas elecciones.
“Debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso criminal y no irá a prisión en caso de ser declarada culpable”, aseguran los analistas locales.
Hay que recordar que la Fiscalía argentina acusó a Fernández de haber encabezado una asociación para defraudar al Estado cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
El fiscal Luciani afirma que para hacer el desvío de fondos "de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa".
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión (dictada en 2021), por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015. La decisión ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación.
La Fiscalía afirma que, junto a varios ex funcionarios de su gobierno, Cristina direccionó contratos millonarios de obras viales que quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
En la causa están imputadas 13 personas, incluida la vicepresidenta, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio de Vido.
Mandatarios regionales denuncian persecución
Cristina Fernández rechaza las acusaciones y afirma que no está "ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial". Denuncia que la condena en su contra ya está escrita.
No es un dato menor que esta es la única acusación contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral.
Cabe destacar que Cristina Fernández está protegida por la misma inmunidad constitucional que el presidente, por lo cual no puede ser arrestada al menos que sea removida por un juicio político.
Es decir, no iría a la cárcel incluso si el tribunal de justicia da luz verde al pedido de 12 años del fiscal Luciani, al menos que dos tercios de la Cámara de Diputados la acuse y la misma proporción de senadores la halle culpable para que quede a disposición de la justicia sin fuero alguno.
“Mientras no resulte condenada, estaría en condiciones de postularse a un cargo electivo en las elecciones de 2023, por ejemplo, a senadora, diputada o nuevamente a la Presidencia del país. En cualquiera de esos nuevos cargos volvería a estar protegida por los fueros constitucionales”, explica en una nota reciente CNN.
El presidente Alberto Fernández ha calificado la causa contra su ex presidenta como una persecución judicial.
En eso coinciden también mandatarios y ex mandatarios regionales quienes han denunciado que la persecución tiene como objetivo "apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral".
