En un comunicado de prensa el Departamento Militar de Texas dijo que más de 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas "estarán listos para la misión" de resguardar la frontera sur en Texas, entre El Paso y Ciudad Juárez, por temor a una oleada migrante.
Hay que recordar que hoy miércoles vence la Ley conocida como Título 42 -una norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes.
El sargento Jason Archer, del Departamento de Asuntos Públicos Militares de Texas, dijo que "la alambrada que colocaron a lo largo de la frontera es temporal" y permanecerá un tiempo indeterminado.
El funcionario aseguró que las autoridades fronterizas se encuentran con hasta 1.200 inmigrantes por día en el sur de Texas.
El juez demócrata del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, denunció el uso de vallas con alambre de púas. “Siempre he insistido en que cualquier ayuda del Estado tiene que formar parte de nuestra estrategia general y estar en consonancia con nuestra propia estrategia de aplicación de la ley", dijo.
El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, dijo que su administración está supervisando la posible oleada y cómo la pausa temporal de Roberts puede afectar a la ciudad.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich -que tomó la iniciativa en nombre de los estados- afirmó que "deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de forma imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe. Se calcula que los cruces ilegales aumentarán de 7.000 al día hasta 18.000", concluyó.
Mientras tanto los migrantes permanecen en la frontera esperando el veredicto y se ven expuestos a situaciones de mayor riesgo: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular.
Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la Patrulla Fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense.
El Título 42, que entró en vigor durante el mandato de Donald Trump y con la excusa de la pandemia, rige después de una medida cautelar del Supremo, que evita que las personas de países como Venezuela o los del llamado Triángulo Norte puedan solicitar asilo en EE.UU.
Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones, según datos del International Rescue Committee.
