El Congreso de Colombia culminó el trámite del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo Escazú que protege a los líderes ambientales, un pacto internacional que ya había sido firmado por Colombia previamente pero para ponerse en marcha, debía ser aprobado por el congreso local, como ocurre con todos los tratados internacionales.
Este es un acuerdo que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe para fortalecer aspectos medioambientales en los que deben trabajar en conjunto: proteger a los defensores del medioambiente y garantizar los mecanismos para evitar vulneraciones de derechos en materia medioambiental o para exigir justicia si suceden.
Además, permite la participación de las comunidades en asuntos ambientales como el acceso gratuito y público a la información relacionada con el tema.
Para Colombia, es un instrumento clave que permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.
Ya en abril de 2021, había entrado en vigencia este tratado internacional, durante el Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril.
Según explicó Lina Muñoz, profesora de la Universidad del Rosario y experta en temas medioambientales, esta es la primera vez que la región se une en un instrumento con fuerza de ley internacional en temas de derechos humanos y medioambiente.
El Centro Democrático en pleno se pronunció en contra de este acuerdo. La principal crítica es que se podría afectar al sector productivo en todos los niveles y la confianza inversionista.
De hecho, durante el debate en la Plenaria de la Cámara, se retiraron las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical.
