La Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) declaró este lunes que el Estado colombiano es responsable por el «exterminio» del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP), a partir de 1984 y por más de veinte años.
«Hoy es el día de la Justicia. Recibimos el fallo final de la Corte Interamericana de DDHH, contra el que no procede apelación. El estado ha sido condenado por el exterminio de la Unión Patriótica», dijo Aída Avella, una de las militantes y lideresas más reconocida de este grupo político.
La sentencia del caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia” indica que el Estado colombiano es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de UP.
Hay que recordar que la Unión Patriótica surgió en 1985 en el marco del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El pacto hizo que los combatientes dejaran las armas y militaran en el nuevo partido político.
«Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, la fuerza pública y los grupos empresariales, para contrarrestar la subida», apuntó la CIDH.
El organismo comprobó la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano.
Esta violencia, explicó el tribunal, se manifestó a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
El largo genocidio dejó 5.195 miembros de la Unión Patriótica asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016.
El plan de exterminio sistemático contra UP, sus miembros y militantes, contó «con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, lo que constituye un crimen de lesa humanidad», según la CIDH. Las medidas de reparación por las violaciones a los derechos humanos dictan realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, se ordenó construir un monumento en memoria de las víctimas; colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas; elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra ese partido, realizar una campaña nacional en medios públicos y pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
