Este viernes 17 de febrero, el Congreso de Perú aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
A Pedro Castillo se le acusa de presentar un informe con irregularidades en las obras del Puente Tarata II, además de casos de corrupción con la empresa pública Petroperú y el ministerio de Vivienda.
El Congreso necesitaba de la mitad más uno de los diputados para aprobar la acusación.
Desde las 10 de la mañana de este viernes, los parlamentarios debatieron sobre los presuntos crímenes del ex mandatario. Finalmente, se aprobó la moción con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones.
Ahora que fue aprobado el recurso, deberá volver a la Fiscalía en la que se presentará una acusación formal en el Poder Judicial.
Esta sesión del Congreso fue propuesta luego que la Fiscal de la República, Patricia Benavides presentó un documento en el pasado mes de octubre y ahora con el veredicto podrá formalizar el proceso penal, e iniciar la investigación pertinente contra el ex presidente.
Durante todo el debate, no se le permitió al ex presidente ejercer su defensa.
Con la investigación propuesta por la fiscal, pretenden reunir evidencia para luego acusar a Castillo de liderar una organización criminal con la que obtuvo beneficios ilícitos de licitaciones de obras públicas.
El Congreso también recomendó que se proceda a detener a Juan Silva y Geiner Alvarados,s ex ministros de las entidades acusadas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública y organización criminal, acusaciones que se discutirán en otra sesión.
Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva tras su destitución del 7 de diciembre, una acción realizada por el Congreso quien designó a Dina Boluarte como su reemplazo. Desde ese momento, el país está inmerso en protestas y manifestaciones, reprimidas por las fuerzas de seguridad, que se cobraron la vida de al menos 60 personas.
En esta jornada, la máxima autoridad de Lima prohibió la realización de protestas en el casco histórico de la ciudad para, supuestamente, proteger el erario público. En esa zona están ubicados los edificios gubernamentales incluído el Palacio de Gobierno.
