Una comisión legislativa que investigó un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos recomendó el miércoles que el presidente Guillermo Lasso sea sometido a un juicio político de censura y destitución por delitos contra la seguridad del Estado, en reemplazo de la causal inicial de traición a la patria.
El informe de la comisión, de más de 220 páginas, fue aprobado con la mayoría de votos, pero no es vinculante y para que se inicie un proceso contra Lasso, resta la aprobación de varias instancias legislativas y de la Corte Constitucional, que deberá calificar las causales.
El grupo de legisladores, en su mayoría de la oposición, analizó por casi tres semanas información acerca de un presunto caso de corrupción denominado “El Gran Padrino” que comenzó como una investigación policial a narcotraficantes y derivó hacia posibles nexos de esos grupos con Danilo Carrera, cuñado del presidente, y del exfuncionario Hernán Luque.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó que el contenido del informe carece de sustento porque “no hay una sola prueba que no sean conjeturas de medio pelo” y aseveró que la oposición legislativa está jugando a la ruleta rusa, para ver si alguna causal surte efecto contra el mandatario.
Aunque una eventual destitución del mandatario no es inminente, la presidenta de esa comisión, Viviana Veloz, del partido Revolución Ciudadana, pidió a Lasso que no se aferre al cargo y criticó que “no podemos seguir a bordo de un tren que no tiene horizonte, que nos conduce al abismo”.
Un informe de minoría de la misma comisión, presentado por el asambleísta independiente Gruber Zambrano, recomendó el archivo definitivo del documento entre otras razones porque ese grupo parlamentario actuó de forma sesgada.
El presidente de la comisión de fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, en su cuenta de Twitter aseguró que el contenido del informe que recomienda enjuiciar a Lasso es una atrocidad jurídica que deja a la constitución “en harapos y al descubierto las intenciones golpistas. Cero pruebas”. Villavicencio no es parte de la comisión que pide enjuiciar al presidente ecuatoriano.
El caso se hizo público en el portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, cuando fue archivado por recomendación judicial y de la Fiscalía por la falta de elementos contundentes.
Antes del inicio del juicio de destitución al primer mandatario el pleno de la Asamblea debe aprobarlo por al menos 70 votos y luego pasarlo a manos del presidente de ese organismo, quien a su vez debe presentarlo al Consejo de Administración Legislativa.
Si es aprobado, deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que verificará si cumple los requisitos constitucionales y si las causales están fundamentadas. Este proceso podría demorar al menos un mes. Si el pedido de juicio es admitido en todas las instancias, deberá volver al Legislativo para iniciar formalmente el proceso, que podría tomar otro mes. Para la destitución, al menos 92 legisladores deben votar a favor de un total de 137.
La acusación de traición a la patria y cohecho está prevista en la constitución.
Agencias: AP
