La controversial reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, llegó este jueves al Senado francés tras un tenso debate en la Asamblea Nacional el pasado 18 de febrero, que concluyó en cero votaciones y un cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición.
La reforma de las pensiones llega al Senado luego que la comisión de Asuntos Sociales de la Cámara Alta aprobara el proyecto de Macron de retrasar la edad de jubilación a los 64 años, en comparación a los 62 registrados actualmente.
El ministro delegado de cuentas públicas, Gabriel Attal, les exigió a los senadores que debatan con respeto, ‘’lejos de los insultos que se oyeron hace unos días en la Asamblea Nacional’’ y defendió que el objetivo del Gobierno es sencillo: »construir un compromiso claro para la jubilación de los franceses».
Esta primera sesión estuvo liderada por el presidente del Senado, Gérard Larcher, e inició con una ‘’cuestión de orden’’ por parte de la presidenta del grupo mayoritario comunista CRCE, Éliane Assassi, quien enfatizó en el ‘’deber de la izquierda de expresar su oposición más fuerte en este hemiciclo’’.
Sindicatos
Los trabajadores de la compañía ferroviaria de Francia en total rechazo al proyecto de ley decidieron ir a una huelga general organizada para el próximo 7 de marzo. En este sentido, la Intersindical tiene la esperanza de superar el número de manifestantes movilizados el pasado 7 de febrero.
Esta vez, esperan que la movilización tenga un aproximado de dos millones de personas. Las organizaciones que conforman la Intersindical, irán integrando a nuevos sectores de trabajadores para hacer la huelga sustentable, por lo que advirtieron al Gobierno que ese día el país se paralizará.
Las principales organizaciones que forman la Intersindical son: Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA), la Confederación Francesa de Gestión-Confederación General de Ejecutivos (CFE-CGC), la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC).
La Cámara Alta tendrá un plazo de 10 días para examinar y discutir el proyecto de ley.
