Argentina y Ecuador aumentaron este martes las tensiones diplomáticas con la retirada de sus respectivos embajadores, a raíz del conflicto que desató la fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, sentenciada por un caso de corrupción y asilada en la sede diplomática argentina en Quito hasta su huida a Caracas.
El Gobierno de Ecuador declaró este martes persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, por el «desacato a decisiones de la Justicia», lo que despertó, minutos más tarde, la respuesta de la Casa Rosada.
«La Cancillería de Ecuador ha concluido que se han violado la confianza mutua y la buena fe que deben imperar en la relación entre los Estados», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El Gobierno de Alberto Fernández reaccionó entonces de la misma manera, al solicitar el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge Yoder, tras lamentar la «incomprensible decisión del Gobierno» de Quito.
«Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral», indicó la Cancillería en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Santiago Cafiero había señalado en la mañana que Duarte se había «ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de la Embajada en la República del Ecuador».
Por su parte, María de los Ángeles Duarte dijo que había decidido salir de la sede diplomática porque el Gobierno ecuatoriano la convirtió «en su rehén política», según denunció en su cuenta de Twitter.
Duarte se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Inclusión Económica y Social, entre 2007 y 2017, durante la presidencia de Rafael Correa.
En 2020, fue condenada a ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Sentencia que también recayó sobre Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
RT
