El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que activará el artículo 49.3 de la Constitución -una herramienta legal muy polémica en Francia- para imponer la reforma de las pensiones sin someterla al voto de los diputados.
Esta acción recrudecería aún más la tensión con los sindicatos que buscan a impedir esta reforma y que mantiene protestas masivas desde enero.
Pero eso no es todo. El nuevo intento podría desencadenar una moción de censura al mandatario.
La primera ministra, Élisabeth Borne, era la encargada de anunciar la activación de dicho mecanismo que implicaría la adopción definitiva de la reforma, si los diputados no logran aprobar una moción de censura contra el gobierno, pero los legisladores intentaron boicotear la medida.
De hecho, mientras los diputados se reunían en la Asamblea Nacional para votar el proyecto de ley, el grupo de izquierda comenzó a cantar el himno nacional francés, impidiendo hablar a Borne, y provocando que la portavoz suspendiera momentáneamente la sesión.
“No podemos correr el riesgo de que 175 horas de debate parlamentario se queden en nada”, dijo a los diputados la premier, entre gritos y abucheos desde los bancos de la oposición.
También la oposición derechista anunció que presentará una moción de censura contra el Gobierno en el Parlamento.
“La medida es un fracaso total y la primera ministra, Elisabeth Borne, no puede permanecer en su puesto”, dijo Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2022 y que ahora lidera a los diputados de la Agrupación Nacional (RN).
Fuera del parlamento, guardias fuertemente armados y policías antidisturbios rodeaban los alrededores de la Asamblea Nacional.
Hay que recordar que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
El mandatario de 45 años -reelegido hace casi un año- amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés (perdió su mayoría parlamentaria el año pasado, lo que obligó al gobierno a contar con los legisladores conservadores para aprobar el proyecto de ley).
Los legisladores de izquierda y extrema derecha se oponen firmemente y los conservadores están divididos, lo que hacía impredecible el resultado.
