Este lunes el Comité de Investigación de Rusia inició una causa penal en contra de Karim Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y los jueces que emitieron una orden de detención en contra del presidente Vladimir Putin, así lo informó el organismo en un comunicado.
El Comité de Investigación los señala por sus responsabilidad en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
Según el organismo, la base de la orden de arresto se sustenta en «la orden ilegal de detección» en contra del presidente ruso, Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.
A parte del fiscal, Karim Ahmad Khan, la causa penal señala a los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
El Comité de Investigación de Rusia señala que el proceso iniciado por la CPI, es «intencionalmente ilegal ya que no existen motivos para de responsabilidad penal».
Además, el organismo sostiene que los jefes de estado gozan de inmunidad frente a la jurisdicción de países extranjeros, con base a la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, refrendado en 1973.
Este viernes la CPI emitió una orden de detención contra el presidente Putin por su «responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania».
Además, mencionó la supuesta deportación de menores ucranianos al territorio ruso, que calificaron como «delito de guerra».
Sin embargo, ni Rusia, ni los Estados Unidos forman parte del Estatuto de Roma, y por lo tanto no tienen obligaciones con el organismo.
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos» expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
