El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador, aprobó la petición de enjuiciamiento al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso; la propuesta se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra.
Ronny Aleaga, Legislador de la Asamblea Nacional, fue el encargado de dar la noticia a través de la red social Twitter, e indicó que la solicitud de juicio político a Lasso será remitida «de forma inmediata» a la Corte Constitucional de Ecuador.
El Jefe de Estado ha sido investigado por una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, y tras la investigación pleno del Parlamento dio el visto bueno al informe, con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.
Por su parte, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional del Parlamento afirmó que Lasso habría incurrido en delitos que van en contra de la administración pública y la seguridad del Estado.
El informe presentado contra Lasso destaca que existió falta de acciones por parte del Ejecutivo para impedir la comisión de delitos como cohecho, peculado y concusión.
“En virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, está presentada al presidente de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentada, contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento, (…) disponer en tal sentido a la Secretaría General, se notifique con la presente Resolución, y se remite en tal virtud la solicitud de juicio político en contra el señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, presidente constitucional del la República del Ecuador”, señala el informe.
Ahora la decisión final está en las manos del la Corte Constitucional, quien tendrá alrededor de seis días para pronunciarse sobre un veredicto definitivo sobre el primer mandatario.
Desde otra visión, el Gobierno nacional expresó su rechazo a la acusación por presunto delito de concusión en contra del primer mandatario, y calificaron la acción como “desestabilizadora”.
