El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no declarará ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que iniciará la primera etapa del juicio político al mandatario, así lo anunció el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz: ’En principio, la presencia de Lasso dentro del proceso sólo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara’’.
Según Ortiz, la última palabra sobre presentarse ante la Comisión o no, la tendría el presidente.
El juicio político fue propuesto por la oposición ecuatoriana, que cuenta con mayoría de participación en la Asamblea, por los presuntos delitos de malversación por parte del mandatario en empresas públicas y un contrato irregular en la flota petrolera estatal ‘Flopec’.
Sin embargo, Ortiz aseguró que la defensa del mandatario logró desarticular los argumentos de la acusación y demostrar que éste no generó ningún tipo de irregularidad en el caso de ‘Flopec’.
El secretario defendió que los contratos que acusan a Lasso de malversación fueron firmados en 2018 y 2020 por la anterior administración gubernamental del ex presidente Lenín Moreno. Sin embargo, los legisladores aseguran, en el informe de pedido de juicio político, que el primer mandatario conocía de las irregularidades que ocurrían en la flota petrolera y que, en lugar de dar por finalizado el contrato, propició la corrupción designando a funcionarios que lo mantuvieron vigente.
En caso que el parlamento no logre el apoyo para censurar y destituir a Lasso, las calles podrían convertirse en el escenario real de manifestaciones o el gobierno podría convocar una muerte cruzada o sucesión presidencial.
El primer mandatario podría tener en su escritorio la opción de pulsar el botón de la muerte cruzada, una figura constitucional que le otorgaría el poder de disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas.
Esta no es la primera vez que Lasso se encuentra en una situación similar. En 2022, momento en el que el país enfrentaba una serie de protestas lideradas por el movimiento indígena, la oposición planteó una moción de destitución que fue desestimada.
