El Estado venezolano celebró el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares haya expuesto que el informe de la VPRS sólo recoge las opiniones de «víctimas potenciales», lo que, para el gobierno, hasta el momento determina expresamente que «no existe ninguna víctima reconocida como tal por la CPI”.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó autorizar al gobierno de Venezuela a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano, por presuntos delitos de lesa humanidad.
“Venezuela se limita a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”, resalta la decisión publicada.
La Sala subrayó que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), publicado el mes pasado, transmite opiniones y preocupaciones de «potenciales víctimas» y que en la fase actual «ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento», por lo que el nivel de respuesta de Venezuela «no se justifica».
Además, precisó que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en el procedimiento y anunció que ahora procederá con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación que deberá hacerse pública en las próximas semanas.
El informe de la VPRS, que presentó detalles suministrados por las víctimas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país, reveló que víctimas apoyan “abrumadoramente” la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la CPI sobre el Estado venezolano.
A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Maduro reiteró que algunas organizaciones y “víctimas potenciales”, podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un “arma política contra la institucionalidad en Venezuela”.
En el comunicado el gobierno insistió en que en Venezuela “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
