El Congreso de Perú aprobó la madrugada del viernes un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su territorio el 1, 7 y 10 de noviembre en el marco de un entrenamiento militar.
“Los militares extranjeros son efectivos de Infantería de Marina y de Fuerzas Especiales, y con sus similares peruanos realizarán actividades de entrenamiento de campo”, comunicó la prensa del Congreso.
Pese a la negativa de la Izquierda, el pleno del Parlamento avaló finalmente por 70 votos a favor frente a 33 negativos –y 4 abstenciones- la medida de entrada de tropas estadounidenses para el entrenamiento militar (Resolución Legislativa 4766).
El encargado de la sustentación del texto fue el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, quien indicó que el personal militar estadounidense realizará actividades de “cooperación y entrenamiento” en territorio peruano, pero no instalarán una base militar y recalcó que la acción, no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y que no afectará la soberanía nacional.
La aprobación del proyecto de resolución legislativa sucede a dos semanas de la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch: en la insurrección popular por la destitución de Pedro Castillo se cometieron ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad a manos de la Policía que responde a la actual presidente Dina Boluarte, tal como lo informó el medio de comunicación Urgente 24.
CIDH y Human Rights: Dina Boluarte violó los DD.HH
La destitución de Pedro Castillo del 7 de diciembre por “vacancia” tras intentar disolver el Parlamento peruano y la asunción de Dina Boluarte al poder generó protestas antigubernamentales de carácter popular-rural en apoyo al ex presidente detenido, que fueron brutalmente reprimidas y en las que murieron varios ciudadanos.
En estos enfrentamientos de la Policía que respondía a Boluarte contra el pueblo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se cometieron ‘ejecuciones extrajudiciales’. «Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en el informe.
La investigación de la CIDH coincide con el de Human Rights Watch que denuncia un uso desproporcionado de la fuerza y perdigones de plomo que están prohibidos por parte de las FF.AA. y la Policía Nacional en las protestas por la destitución de Castillo. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW.
En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch
