Un grupo de especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó hoy su consternación ante la renovación del estado de excepción en El Salvador, que lleva más de un año en vigencia.
Al igual que en octubre de 2022, los relatores ONU presentaron al gobierno salvadoreño un documento en el que instaron a “revisar y reconsiderar la aplicación del estado de emergencia y hacer un análisis independiente de las modificaciones legislativas adoptadas” para asegurar su apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
Con este decreto se han detenido a más de 67.000 personas, según informes de organizaciones de derechos humanos.
Los especialistas del máximo organismo internacional instaron al presidente Nayib Bukele a que revise este decreto, adoptado en el 2022, que le otorga “amplios poderes” al mandatario en su lucha contra la delincuencia y para abordar el problema de las pandillas en el país centroamericano.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, afirmaron los expertos de la ONU.
En este punto, solicitaron a las autoridades salvadoreñas que los arrestos infundados o en simples sospechas se realicen en marco a la ley y a otros tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Esta alerta de la ONU se basa en múltiples denuncias sobre el vacío legal en cuanto a la interpretación del «delito flagrante permanente» que favorece los arrestos sin orden judicial.
También los expertos del máximo organismo expresaron su preocupación por los juicios masivos virtuales en la que se dictan entre 400 y 500 sentencias sin el debido proceso de la defensa, las cuales duran menos de cinco minutos.
«El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atentan contra las garantías del debido proceso», puntualizaron.
Debido a esto, miles de familias se han visto severamente afectadas económicamente al tener que incurrir en costos adicionales para defender a sus seres queridos y brindarles bienestar, salud y seguridad, señalaron.
Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaute, la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Este grupo ha estado en contacto con las autoridades salvadoreñas al respecto de sus preocupaciones.
