Una nueva ley en Panamá otorga a las tortugas marinas el derecho legal de vivir y transitar libremente por un ambiente sano por lo que ahora tendrán el derecho legal de vivir y transitar de manera libre.
Además, podrán estar en un ambiente libre de contaminación y otros impactos humanos que les causan daños físicos o de salud, como el cambio climático, la captura incidental, las construcciones costeras y el turismo desregulado.
Callie Veelenturf, fundadora de un grupo creado para proteger las tortugas laúd y que impulsó una nueva ley asegura que este documento legal ahora “permitirá a cualquier persona en Panamá ser la voz de las tortugas marinas y defenderlas legalmente”, de acuerdo con lo que señaló Veelenturf en un mensaje».
La Ley que ya está vigente dice de forma explícita que las tortugas marinas son criaturas vivientes y como tal tienen derechos.
Desde ahora, una comisión supervisará que se aplique la ley para proteger a las tortugas marinas, así se podrán hacer investigaciones, monitoreo y campañas de concientización y promoción del ecoturismo.
Las ley actual
Sin embargo, esto no es una novedad en Panamá, en ese país ya era ilegal retirar tortugas marinas y sus huevos de los parques nacionales y zonas marinas protegidas, pero no se sabía si la prohibición regía fuera de esos lugares y además la aplicación de la ley era débil.
La ley de Panamá sanciona a las inmobiliarias irresponsables, los operadores de turismo y otros que contaminen y dañen el hábitat de las tortugas marinas y ordena a las agencias cancelar las licencias para operar.
También prohíbe el comercio interior e internacional de tortugas, sus partes y huevos, solo con una excepción limitada para la subsistencia de comunidades tradicionales selectas.
Según Christopher Berry, abogado de un fondo para la defensa legal de los animales, a pesar del regreso del ecoturismo, hay que gente que roba huevos y tortugas en cantidad mayor que antes de la pandemia para mejorar sus ingresos.
De manera que ahora con esta Ley se espera que la organización consiga que otros países del Atlántico y el Caribe aprueben normas similares, si esta resulta tan eficaz como esperan.
