Unos 2.000 niños de Illinois, Estados Unidos, sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes católicos entre 1950 y 2010, según un informe de la fiscalía general de ese Estado.
El texto detalló cómo el abuso a menudo fue tolerado y ocultado por los superiores de la iglesia, un patrón similar al de los casos perpetrados durante décadas en la diócesis de Boston cuya revelación contribuyó en buena medida a destapar ese flagelo en EEUU.
El informe, de 696 páginas y publicado por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, corrobora las denuncias de abusos presentadas contra 451 sacerdotes católicos en las seis diócesis del Estado, con un balance de al menos 1.997 víctimas en las últimas siete décadas, el doble de las registradas en Pensilvania en el mismo período de tiempo, otro de los grandes casos de la lista negra de la Iglesia estadounidense.
El texto indicó que por primera vez los nombres de 149 sacerdotes y religiosos que -según la investigación- han sido objeto de denuncias creíbles.
Como señala Raoul en el prólogo del informe, la investigación arrancó en 2018 por su predecesora, Lisa Madigan, quien acusó a la Iglesia de reportar menos casos de los existentes, al identificar inicialmente a 103 abusadores en sus filas. De los 451 mencionados en el informe, 330 han fallecido.
La revelación de Illinois se suma a una larga lista de investigaciones en todo el mundo sobre abusos sexuales en instituciones dependientes de la Iglesia católica como colegios, internados o parroquias, así como la práctica sistemática de encubrir a los depredadores y transferirlos a otros destinos, extendiendo así el peligro.
Cabe destacar que la Iglesia de EE.UU ha debido pagar sumas millonarias para evitar juicios, hasta el extremo de que entre 2004 y 2009 siete diócesis se declararon en bancarrota para eludir el pago.
Sólo el año pasado una diócesis de Nueva Jersey acordó pagar 87,5 millones de dólares a 300 víctimas y un mes después, la archidiócesis de Santa Fe destinó 121 millones a tal fin. La Iglesia de EE.UU ha desembolsado más de 1.400 millones en indemnizaciones.
