Ministros y altos representantes en materia de igualdad y políticas de diversidad de la Unión Europea, firmaron una declaración en favor de una mayor coordinación y colaboración de los 27 en materia de derechos Lgbtiq+.
La firma del documento -rubricado presencialmente en Madrid por representantes de España, Bélgica, Chipre, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia- tuvo lugar en el arranque de un encuentro auspiciado por el Ministerio de Igualdad titulado Avanzando los derechos Lgbtiq+ en Europa y que forma parte de los actos organizados por la presidencia española de la UE.
La declaración llama a la Comisión Europea a mantener e incrementar su compromiso con los derechos de este colectivo más allá de 2025 (año en que finaliza la actual estrategia actualmente en vigor), y a desarrollar indicadores y herramientas de seguimiento comunes para reforzar su aplicación.
En este sentido, los firmantes piden que se mejore «la recogida y empleo de datos fiables y comparables para evaluar la situación de las personas Lgbtiq y abordar de manera efectiva las desigualdades».
Los distintos países de la Unión Europea no tienen una forma común de recabar los datos que afectan a las personas dentro del colectivo, por lo que no sólo se hace difícil poder compararlos, sino avanzar en políticas comunes para prevenir y luchar contra la discriminación.
Tal como refleja el último informe de 2023 de ILGA y del Rainbow Europe Map and Index 2023, en casi la mitad de los países de la UE continúan existiendo brechas importantes en lo relativo a la protección elemental contra la discriminación y la violencia.
En la presentación del documento, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, recalcó que «defender los derechos humanos es defender las democracias» y que una Europa democrática «es aquella que no discrimina a sus ciudadanos».
El documento rubricado realiza una serie de peticiones a la Comisión Europea, que incluye la necesidad de que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales y que apoye a los países en este empeño.
Por otro lado también pide que se adopten «medidas para garantizar que los Estados miembro reconozcan la filiación de los niños y niñas», tal y como se establece en otro Estados Miembro y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No es un dato menor que países como Hungría o Polonia abanderan dentro de la UE las posturas más duras, promoviendo zonas de exclusión para este colectivo y a prácticas que alientan la violencia, el acoso y la estigmatización.