El gobierno uruguayo en su lucha contra el tiempo para mitigar la sequía avanza en la construcción de unas tuberías de 13,3 kilómetros para trasvasar agua del río San José al Santa Lucía, en el que está la única planta que abastece de agua a la capital uruguaya.
La empresa estatal está construyendo una presa y una estación de bombeo sobre el río San José para mitigar el déficit de agua que azota a la región desde hace más de tres años.
De acuerdo a las declaraciones del pasado 19 de junio del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, los trabajos estarían finalizados en 30 días.
La principal reserva de agua dulce para la planta de Aguas Corrientes está casi agotada. El 11 de julio sólo quedaban 2,09 millones de metros cúbicos, apenas el 3,1% de su capacidad total, de acuerdo con el informe oficial.
Por la contingencia, la empresa estatal construyó un dique de emergencia para asegurar el flujo que llega a Aguas Corrientes desde la parte baja del río Santa Lucía, proveniente del estuario del Río de la Plata, que contiene agua salada del Atlántico.
Anteriormente el agua no llegaba tan salada. Pero la sequía también disminuyó el agua dulce que aportan al estuario los ríos Uruguay y Paraná.
«El agua que suministra OSE es segura, salvo para determinadas poblaciones», tuiteó el martes 11 de julio la ministra de Salud Pública, Karina Rando.
Sin embargo, la ministra recomendó no tomar más de un litro diario si se tiene hipertensión arterial, y evitarla en casos de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis y embarazo.
«Cuando te cepillas los dientes es horrible, se siente el agua salada, ¡es asquerosa!», dijo Isabel Moreira, mientras se preparaba un mate con agua mineral en su casa en Montevideo.
La venta de agua mineral embotellada ha sido exonerada de impuestos en Montevideo desde el mes pasado.
En algunos restaurantes ponen letreros que aclaran que todos sus alimentos son preparados con agua mineral.
De igual forma, desde principios de julio, el gobierno paga dos litros de agua embotellada por día a más de 500.000 personas vulnerables que viven en la capital uruguaya.
