Activistas y migrantes presentaron una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación que atentaría contra los derechos humanos.
La demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, detalla que la aplicación CBP One, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en Estados Unidos.
«CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados» reza el texto legal.
La demanda fue introducida en una corte federal en California por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a 10 migrantes que esgrimen que la aplicación bloqueó su intento de asilo.
La polémica aplicación fue lanzada por la administración demócrata a inicios de año antes que culminara el Título 42 que había promulgado el expresidente Donald Trump, como medida de prevención para frenar el covid-19.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideran que esta aplicación es «una herramienta clave» para desincentivar los cruces fronterizos ilegales.
Para acceder a la aplicación se debe contar con un teléfono inteligente con internet, que además necesita ser cargado con electricidad, unos requisitos que muchos migrantes no tienen, en especial aquellos que surcan largos trechos desde sus países de origen para llegar a EEUU.
«Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita», dijeron las organizaciones demandantes en un comunicado.
El documento también detalla que al devolver a los migrantes que no tengan cita por la aplicación, estarán expuestos a mayores peligros.
«Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados», dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.
