Los lectores de Bloomberg acribillaron un artículo de opinión publicado por Eduardo Porter al criticar las políticas de seguridad que emprende en El Salvador, el presidente Nayib Bukele.
«Los derechos de las personas que estaban siendo asesinadas por esos animales no importan… Bloomberg es el que debe avergonzarse» fue la respuesta del usuario agustin_antonio_
«El Salvador finalmente se está ocupando de los negocios, encarcelando criminales, algunas ciudades estadounidenses podrían aprender la lección» publicó el usuario felipefu6.
«El autor escribió desde un cómodo escritorio. mientras tanto, miles ahora tras las rejas estaban asesinando a ciudadanos salvadoreños. No hay derechos humanos para ellos, solo pena» fue el comentario del usuario carlosmunixvel.
«Quienquiera que haya escrito esto nunca ha vivido en un barrio lleno de crímenes. Uno empieza a pensar diferente cuando se convierte en la víctima» escribió el usuario Chilledpixxa.
El artículo de Porter publicado el pasado 25 de julio, levantó una oleada de críticas al poner sobre la mesa el dilema entre la efectividad de la política de seguridad de Bukele y la democracia.
De acuerdo al autor, los logros obtenidos por Bukele en materia de seguridad evocan aquel aforismo de Nicolas Maquiavelo: El fin justifica los medios. «El presidente Nayib Bukele, cerebro de la política de encarcelamiento masivo del país, no cree que tenga nada de qué avergonzarse» aseguró Porter.
«Si algunos derechos humanos han sido pisoteados en el camino hacia la paz social -si salvadoreños inocentes han sido barridos y encarcelados; y los encarcelados ocasionalmente maltratados hasta la muerte-, es un precio razonable para aplastar un enconado problema de pandillas que había puesto las calles fuera de los límites para la mayoría de los salvadoreños». Es el dilema que plantea Porter en su artículo.
«Y aquí radica el problema: no sólo a los salvadoreños les encanta. Políticos y responsables de formular políticas de la vecina Honduras y de la lejana Argentina han quedado impresionados por la mano dura del régimen de Bukele» destacó el autor sobre el impacto regional de las políticas de Bukele.
¿Qué ha pasado en El Salvador? En el último año triplicó su población carcelaria, casi 1% de su población estaba tras las rejas, luego de un régimen de excepción que permitió la captura de varias agrupaciones pandilleras.
Según el Departamento de Estado de EEUU, en mayo del año pasado, 71.000 salvadoreños estaban tras las rejas, frente a los 39.600 de 2018.
De esta forma, la nación centroamericana se convirtió en el país con la tasa más alta de de presos en el mundo, 605 presos por cada 100.000 habitantes, según la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El resultado ha sido que el año pasado la tasa de homicidios cayó a 7,8% por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja de Centroamérica, después de Nicaragua. Nada mal, si se compara con el 2015, cuando la tasa de homicidios era la más elevada del mundo con 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El gobierno de Bukele ha defendido la política de mano dura, y han rechazado las críticas de diversas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
“Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”, expresó en un tuit el mandatario salvadoreño el pasado 27 de marzo, tras cumplirse el aniversario de la medida de excepción.
La «guerra contra las pandillas» y los Derechos Humanos
En abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado de El Salvador a «restablecer» los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción.
«La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas», indicó el organismo en un comunicado.
Según la CIDH la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando es aplicada de manera indefinida, constituye «un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común».
Sin embargo el organismo reconoce los grandes retos del Estado para poder enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales.
«El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control, así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho», subrayó.
La «guerra contra las pandillas» ha dejado múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y el cumplimiento del debido proceso, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas.
Según la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, las detenciones arbitrarias afectaron sobre todo a «las poblaciones de barrios marginalizados, empobrecidos y excluidos».
«Hay una crisis dentro de los centros penitenciarios. Ya estamos recibiendo reportes de hacinamiento, de problemas de salud, de malos tratos, de torturas, e inadecuada alimentación. Ciertos penales presentan una población carcelaria por el triple de su capacidad», afirmó Verónica Reyna a France24.
Por otra parte, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), órgano afiliado a la Universidad Centroamericana, alertó en un informe de la restricción al acceso a la información que el Gobierno salvadoreño impone, especialmente cuando organismos como la OUDH solicitan documentos referentes a la situación de Derechos Humanos en el país.
Recientemente el cardenal Gregorio Rosa Chávez, alzó la voz y se manifestó en contra de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa que no permite el debido proceso ni la presunción de inocencia.
Esta normativa permitirá juzgar a más de 71.000 reos agrupados en grupos de 900 personas para acusarlos ante tribunales de crimen organizado bajo el supuesto de que todos pertenecen a las diversas pandillas que azotan el país.
«Hay tres poderes, pero no son pesos y contrapesos, entonces, ¿quién controla a quién?, ese punto es gravísimo para una democracia» afirmó el purpurado, según Prensa Latina.
El respaldo de Bukele
De acuerdo a un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centro América nueve de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión del mandatario. El apoyo deriva en su mayoría de la «guerra contra las pandillas» emprendida por Bukele.
Por su parte, el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia publicó en junio su último sondeo que revela la aprobación la gestión de Bukele al cierre de su tercer año con una nota de 8,34/10.
De acuerdo al análisis del CEC, los 300 dólares entregados durante el confinamiento por la pandemia, o los 30 dólares dados para impulsar el uso del bitcóin como moneda de curso legal, estarían detrás del apoyo masivo.
Otros analistas apuntan a la respuesta rápida y severa de Bukele para combatir algunos de los problemas que afectan al país, en comparación con la lentitud de las administraciones anteriores.
Sin embargo, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular afirmó que desde la llegada de Bukele el costo de la vida se elevó 100 dólares (30%) en el área Urbana y 90 dólares (25%) en el área rural.
Otros sectores de la oposición atacan al gobierno por el aumento de la deuda pública en cinco mil 900 millones de dólares y al mismo tiempo el aumento de la pobreza que subió del 22.8% al 26.6%.
Aunque las políticas de Bukeke han sido calificadas de derecha, el gobierno de izquierda, de la presidenta Xiomara Castro en Honduras decretó el pasado diciembre un estado de excepción similar, en el que limitó los derechos constitucionales y le dio atribuciones adicionales a los cuerpos de seguridad en 162 barrios.
Aunque la medida debía ser temporal, fue renovada como en El Salvador. Aunado a eso Castro planea construir una colonia penitenciaria para albergar a todos los líderes de bandas que espera atrapar.
¿Qué otros países repliquen el precedente que sentó Bukele, legitima la política de seguridad de El Salvador?
Es probable que las políticas de «mano dura» como las de Rodrigo Duterte en Filipinas o Paul Kagame en Ruanda, o Bukele en El Salvador, se conviertan en los principales atractivos de las futuras campañas políticas.
Sin embargo, la viabilidad de estas políticas con relación al respeto del juego democrático, de sus instituciones y la defensa de los Derechos Humanos será el principal reto de los futuros líderes de la región.
