Este lunes inició el décimo juicio de lesa humanidad en Corrientes, Argentina, por crímenes cometidos durante la última dictadura militar: diez represores fueron acusados de 104 casos de privación ilegítima de libertad agravada, secuestros y torturas.
«Se juzgan además ocho casos de personas que aún permanecen desaparecidas, dos homicidios y dos hechos de niños privados de libertad con sus madres, uno de ellos nacido en cautiverio», detalló la prensa local.
Durante tres meses, 30 personas darán sus testimonios contra los integrantes de la Brigada de Infantería VII.
La causa está entre los más relevantes de las 320 que se realizaron en Argentina hasta abril de este año. «Busca no sólo condenar a culpables de la represión, si no también comprender, con la certidumbre de la verdad jurídica, parte de la organización militar y territorial del aparato represivo del Estado en el norte argentino», explican los medios.
La fiscalía federal pretende esclarecer cuáles fueron las directivas secretas del gobierno de facto para la división territorial del país. En este juicio, se apunta contra los responsables de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
En la zona del tribunal, referentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes se concentraron para seguir el juicio y exigir «justicia y condena a los genocidas».
María Isabel Sanauria, secretaria general del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9, explicó que la causa “va a poner al descubierto que una de las herramientas que usó la dictadura fue la cuadriculación territorial” para operativizar el plan represivo. “La dictadura no podía tener un control de todo lo que era territorialmente Argentina, entonces hicieron cabeza (hicieron base) a determinadas jurisdicciones para que adapten el plan, pero también para que determinen el blanco. El que está acá es quién dice: vamos a detener a los estudiantes, vamos a detener a los sindicalistas. Es lo que hace el trabajo de inteligencia de la zona. Entonces, era darle la forma a ese plan que venía desde allá arriba”, indicó.
Inicialmente se juzgaría a 21 personas que formaban parte de la Brigada de Infantería VII, sin embargo, sólo se sentarán en el banquillo 10 imputados, debido a que algunos acusados fueron apartados de la causa y otros fallecieron.
