En la capital de los Estados Unidos, donde se encuentra la sede de los organismos más importantes de la llamada «primera potencia», se ha disparado la tasa de criminalidad, que transforman a Washington DC en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. La situación ha llevado incluso a imponer toque de queda nocturnos a menores de edad.
En el transcurso de este año, los delitos violentos en la capital estadounidense han experimentado un alarmante aumento del 38% en comparación con el año anterior, destacándose los incrementos significativos en los robos (63%) y los abusos sexuales (16%).
La cifra más inquietante es la de los 166 homicidios registrados desde enero, un aumento del 27%. Si esta tendencia continúa, se romperá el récord de las últimas dos décadas.
Las estadísticas oficiales aún no incluyen a Kevin McDowell, la última víctima, un hombre de 34 años asesinado a tiros el pasado sábado por la noche en el noreste de la capital.
El mes anterior, Nasrat Ahmad Yar, un refugiado afgano de 31 años que había trabajado con el Ejército estadounidense en Afganistán, recibió un disparo mientras conducía.
La comunidad ha sentido el cambio
«Hemos experimentado un aumento de la delincuencia en el último año y medio», comparte Jess, residente de Woodridge, inquieto por la reciente presencia de personas disparando al aire en un parque cercano a su hogar.
Jess se encuentra entre los 40 vecinos que se han congregado en una esquina del barrio durante una tarde de verano para conversar sobre la seguridad con un concejal y dos agentes.
En el grupo se reúnen personas de todas las edades, algunos con sus hijos, para expresar diversas preocupaciones: «Robaron el coche de mi esposo». «Mi calle es oscura por la noche y me siento inseguro». «No recibí el mensaje de alerta tras el último tiroteo»…
A pesar de las diferentes inquietudes, sus demandas coinciden: más presencia policial, mayor cantidad de cámaras de vigilancia y mejor iluminación nocturna.
Lauren, una de las vecinas presentes, reflexiona sobre las posibles causas del deterioro en la seguridad y sugiere varias razones, como el empeoramiento de la salud mental debido a la pandemia de COVID-19, el aumento de la proliferación de armas y la falta de oportunidades para los jóvenes.
«No estoy segura de cuál es exactamente la causa. Sin embargo, lo que sí sé es que mis vecinos y yo solíamos vivir en una comunidad pacífica, pero ahora sentimos miedo y no queremos vivir con ese temor», explica a EFE.
Consciente del descontento en la sociedad, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha anunciado medidas para abordar la creciente espiral de violencia durante una conferencia de prensa la semana pasada, que tuvo que interrumpirse brevemente para informar sobre un tiroteo que finalmente no tuvo mayores consecuencias.
Además de prometer un aumento en la presencia policial y en el número de cámaras de vigilancia, el gobierno local ha establecido un toque de queda nocturno para menores de 17 años, ya que muchos de los involucrados en los actos de violencia son adolescentes.
Desamparo juvenil y demasiadas armas
Sasha Francis, otra vecina de Woodridge, fue víctima de la delincuencia juvenil cuando menores de edad le rompieron los cristales de su coche para robarle. «Eran niños, apenas llegaban a la altura de la ventanilla», relata a EFE.
Tras esta experiencia, Francis tiene claro que es necesario abordar los problemas que enfrentan los jóvenes y sugiere la expansión de las escuelas técnicas donde puedan aprender oficios. «Si les brindamos apoyo, les resultará más difícil involucrarse en delitos», sostiene.
Algunas voces van más allá. Algunos políticos y comentaristas locales describen la situación como una «zona de guerra» e incluso han instado a la alcaldesa a solicitar al gobierno federal el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.
Esta medida ya se consideró a principios de la década de 1990, cuando Washington enfrentaba una crisis de violencia aún más grave, impulsada por la epidemia de crack y que resultó en casi 500 homicidios anuales.
Para Roy Taylor, ex policía, el problema actual se origina por el fácil acceso a las armas, la crisis de adicción al fentanilo y la insuficiente cantidad de agentes de policía en Washington, que cuenta con 3,200 oficiales locales.
«El cumplimiento de la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas, no es el problema. La cuestión radica en el uso de armas para cometer delitos. Debería imponerse castigos más severos por utilizar armas para atacar a personas», opina Taylor, ahora experto en seguridad pública.
En la capital del poder estadounidense, donde se toman decisiones que afectan al mundo entero, se han confiscado casi 2,000 armas en lo que va de año.
Fuente: EFE
