El presidente de Colombia pide investigar mensajes con amenazas recibidos por su hija Andrea Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió el martes a la Fiscalía General que investigue mensajes amenazantes que recibió una de sus hijas, Andrea Petro, a través de la red social Instagram y que denunció en la víspera.

La hija del mandatario colombiano publicó el lunes un mensaje en la red social X, en el que reportaba que le están llegando mensajes con amenazas de muerte y criticó que los internautas se dediquen a esta clase de actividades en esta plataformas.

“Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia”, manifestó Andrea Petro.

La publicación iba acompañada con un mensaje que, según la mujer, le llegó a su cuenta de Instagram del usuario David Esteban Prado que decía “ojalá te maten”, junto a dos insultos.

Ante la denuncia de su hija, el presidente Petro pidió que las autoridades judiciales investiguen el origen de esta clase de mensajes amenazantes.

“Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija”, manifestó el jefe de Estado también a través de su cuenta de X.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Colombia no se ha pronunciado sobre estas nuevas amenazas contra la hija del presidente Petro y la petición del mandatario.

El pasado 3 de abril, el presidente Petro también pidió al Ministerio Público que investigara supuestas intimidaciones en su contra, lo que fue atendido por el organismo judicial.

Dos días después, el 5 de abril, el fiscal general, Francisco Barbosa, reportó que el caso fue resuelto. Según el funcionario, las amenazas contra el jefe de Estado provenían de un ciudadano llamado Andrés Mauricio Herrera Chingate, quien fue citado a interrogatorio y aceptó los hechos.

Ante esto, las autoridades le imputaron el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Su proceso todavía sigue en marcha en la justicia colombiana.

Fuente: AP

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