Desde el pasado viernes se vive una ola de protestas en Panamá en contra de la contratación de la empresa minera First Quantum Minerals, que recibió un contrato estatal para operar en una mina de cobre.
Con los días las protestas se han agudizado y este miércoles fueron cerradas varias vías para exigir la derogación del contrato que permite a la compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Ante las protestas el presidente Laurentino Cortizo advirtió que no tolerará desórdenes.
«Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública, y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados», aseguró Cortizo, en un mensaje en televisión.
Agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras en ciertos puntos de la capital de Panamá y en otras ciudades.
«Esta patria no se vende, esta patria se defiende», coreaban este miércoles los manifestantes a quienes se le sumaron maestros, médicos, obreros y otros gremios.
First Quantum Minerals recibió la aprobación del Congreso para operar en el país amparados en una ley que aprobaron en menos de 24 horas.
Los manifestantes aseguran que los aportes del contraro con la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente.
El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, refiere Telesur.
«Estamos en desacuerdo con este contrato por razones ambientales, sociales, económicas y democráticas. Esta aprobación a sangre y fuego es una lesión muy grave al país», afirmó Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental.
La iglesia preocupada
La Conferencia Episcopal solicitó “encontrar el camino de la paz”, por las protestas y emitió un comunicado en el que solicitó que se “escuche el clamor del pueblo en las calles” y pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar y que se pronuncie “urgentemente” sobre los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, refiere La Estrella de Panamá.
Para los obispos, no es el momento de generar caos y división entre el pueblo panameño e instan a encontrar caminos de paz para atender con responsabilidad ciudadana la crisis sanitaria, ambiental, social, económica, educativa y política, luchando contra la corrupción.
