Este miércoles el Colectivo Popular Machu Picchu convocó a un paro indefinido hasta que se aclare el intento de privatización del santuario de Machu Picchu por parte del ministerio de Cultura de Perú.
De acuerdo a los manifestantes, esta medida estaría favoreciendo a la empresa Joinnus del grupo Credicorp con una comisión del 3,9% de la venta de entradas a la histórica ciudad inca.
Además alegan «indicios de corrupción» en una adjudicación directa al otorgar a la citada empresa el acceso a una base de datos de turismo y el presupuesto asignado para proyectos en el área de Puente Ruinas que podría afectar la seguridad del santuario.
La asamblea del distrito Machu Picchu exigió la anulación del contrato, la renuncia de la ministra de cultura, Leslie Urteaga Peña y la ratificación de la suspensión de las obras de Puente Ruinas.
En este orden, el legislador peruano Luis Aragón presentó una moción de interpelación contra la ministra de Cultura por la «tercerización de la venta de los boletos virtuales para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu».
En una reciente asamblea general del movimiento se habían discutidos los puntos en conflicto. La comunidad de Machu Picchu expresó un claro desacuerdo con la gestión del ministerio de Cultura y la participación de empresas privadas en los servicios.
El personal de Joinnus, la empresa que comercializa los boletos, fue rechazado por la comunidad local durante su llegada al sitio histórico.
Los Residentes expresaron preocupaciones respecto a la preservación de la integridad cultural del patrimonio, argumentando que la inclusión de operadores privados podría desvirtuar el valor histórico del lugar
Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, contestó a RPP que el Gobierno busca «transparencia» y «predictibilidad» para los visitantes de la ciudadela inca.
