El Gobierno de Canadá ha decidido prorrogar por dos años la norma que prohíbe la adquisición de vivienda en el país a inversores extranjeros, que no podrán así comprar casas en el país al menos hasta el 1 de enero de 2027 en el marco de las medidas implementadas para hacer frente al alza de los precios inmobiliarios en el mercado canadiense.
El Gobierno federal, liderado por el primer ministro, Justin Trudeau, intervino en 2022 con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Compra de Propiedades Residenciales por No Canadienses, vetando la adquisición de inmuebles residenciales en el país por parte de inversores extranjeros, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de inmuebles para los canadienses.
El Gobierno canadiense ha defendido que, durante años, ha estado llegando a Canadá dinero extranjero para comprar bienes raíces residenciales, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la asequibilidad de la vivienda en ciudades de todo el país, y particularmente en los principales centros urbanos.
En este sentido, ha subrayado que la propiedad extranjera de inmuebles residenciales ha alimentado la preocupación de que los ciudadanos canadienses pudieran quedar excluidos de los mercados inmobiliarios en ciudades y pueblos de todo el país.
«Las casas son para que vivan los canadienses y los extranjeros no deben utilizarlas como una clase de activo financiero. Estamos utilizando todas las herramientas posibles para hacer que la vivienda sea más asequible en todo el país, incluso ampliando la prohibición de propiedad extranjera de viviendas en Canadá», anunciaba este fin de semana la vice primera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, en su perfil de la red social X.
La medida introducida inicialmente en 2022 tenía previsto inicialmente decaer desde del 1 de enero de 2025, por lo que tras la decisión del Gobierno, ahora seguirá vigente otros dos años más e impedirá la compra de vivienda por inversores extranjeros hasta el 1 de enero de 2027.
De este modo, todo no canadiense que contravenga la norma, así como toda persona o entidad que aconseje, ayude o intente aconsejar, inducir, ayudar o instigar la compra de vivienda en el país por extranjeros sería culpable de un delito por el que se impondría una multa de no más de 10.000 dólares canadienses (6.885 euros) y las autoridades tendrían la potestad de ordenar la venta de la propiedad residencial adquirida en la forma prescrita y bajo las condiciones prescritas.
En este sentido, la prohibición contempla una serie de excepciones bajo determinadas circunstancias, por lo que aquellos extranjeros con permisos de trabajo temporales, así como los solicitantes de asilo y los estudiantes internacionales pueden estar exentos y adquirir viviendas en el país si cumplen con ciertos criterios.
El precio promedio de la vivienda en Canadá se situó el pasado diciembre en 657.145 dólares canadienses (452.392 euros), lo que supone un retroceso del 1,7% respecto de noviembre de 2023, pero un incremento en el año del 5%.
EUROPA PRESS
