Este lunes el gobierno de Venezuela oficializó una nueva providencia que regula el servicio de entregas a domicilio, y crea un importe de 1% sobre todas las encomiendas concretadas a través de aplicaciones digitales.
La normativa crea un registro obligatorio, que lo realizará el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas deberán pagar US$300 para obtener la licencia para prestar el servicio.
Además, la providencia establece un pago anual de US$240 por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones que incluye una multa de US$6.000 a los operadores que reincidan en el incumplimiento de las normativas.
Las facturas deberán reflejar a los usuarios en la factura el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, que corresponde al 1%, el cuál será retenido y entregado por el operador postal privado a favor de Ipostel.
Una vez cumplidos los requisitos, el organismo formalizará la concesión por un año, que al vencer puede ser porrogable por un año más. Sin embargo, la concesión podrá cesar si desaparecen algunas de las condiciones tomadas en cuenta para su otorgamiento.
Aunado a esto, el organismo postal adelantó que impulsará el desarrollo tecnológico de una herramienta digital para que sirva de plataforma única para la prestación del servicio de entregas a domicilio.
Hasta ahora las autoridades no han detallado si las empresas que prestan el servicio de encomientas podrán continuar operando como lo hacen actualmente.
Esta iniciativa también responde a la necesidad de formalizar el creciente sector de delivery en el país, que ha visto un auge considerable durante los últimos años.
