Varios grupos a favor de los derechos civiles presentaron una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida, Estados Unidos, por considerar que es inconstitucional, xenofóbica y que criminaliza a la comunidad migrante en un estado donde “la quinta parte de la población nació en el extranjero”.
La demanda -interpuesta por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council- argumenta que la SB1718 representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”, no sólo para los migrantes, y es discriminatoria.
“Esta dañina ley está diseñada para infligir crueldad a la comunidad migrante, es inconstitucional y socava nuestra democracia”, señaló este lunes en un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la migración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como inspección.
El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los migrantes de Florida y sus familias, y “busca atacar e intimidar a las familias migrantes en todas las facetas de sus vidas”.
La citada ley -que entró en vigor el pasado 1 de julio- “inhibe e intimida a los migrantes de Florida que buscan atención médica“, amplía los requisitos de E-Verify (sistema para verificar la elegibilidad del empleado) y las sanciones a las empresas.
