Grupos de derechos humanos, personalidades y gobiernos han denunciado a la gestión de Luis Abinader, en República Dominicana, por el reciente decreto 668-22, en el cual ordena la expulsión masiva de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales.
La medida de “desnacionalización” afecta a alrededor de 200 mil dominicanos, hijos de haitianos.
Analistas consideran que esta campaña de deportaciones es muy peligrosa, y puede convertirse en limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos.
Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano realizó más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales.
La Oficina de Protección Ciudadana (OPC) -una institución independiente de promoción y protección de los derechos humanos de Haití- contabilizó 60.204 expulsiones "en condiciones extremadamente degradantes".
Estas expulsiones incluyen la detención arbitraria de mujeres embarazadas, e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales.
“Los haitianos que han vivido y trabajado por décadas en Dominicana no cuentan con residencia legal, debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos”, asegura el Comité Directivo del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
Las personas expulsadas no pueden regresar legalmente a territorio dominicano. Sólo entre el 17 y 24 de octubre deportaron 5 mil haitianos o descendientes.
El 10 de noviembre pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, mencionando al gobierno dominicano.
Llamó a “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, respondió que consideraba la declaración “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con aumentar el actual ritmo de deportaciones, porque “los inmigrantes haitianos son una carga económica”.
Incluso se ha denunciado que en algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos.
El Gobierno de República Dominicana, sin embargo, apuntó el martes que de los más de 150 mil extranjeros repatriados por el país desde 2020, ninguno ha sido un menor de edad no acompañado.
La situación política, económica y social de Haití no ha dejado de agravarse. En los últimos años, la crisis ha escalado rápidamente frente al aumento de la delincuencia, las enfermedades, el incremento de las hambrunas, el deterioro económico y la falta de gobernabilidad.
